En la teoría política clásica, el Parlamento es el templo de la soberanía popular, el espacio donde los representantes electos deliberan sobre el bien común y legislan para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, en el contexto del capitalismo tardío, esta visión romántica se ha convertido en un velo que oculta la verdadera arquitectura del poder. Nuestras instituciones democráticas han sido sistemáticamente vaciadas de contenido y capturadas por el poder corporativo, transformando a los gobiernos en gestores administrativos de los intereses del capital. El caso más trágico y consecuencial de este secuestro institucional es la influencia del lobby de los combustibles fósiles en la política climática global.
La institucionalización del retraso y la arquitectura del negacionismo
Durante décadas, las grandes corporaciones petroleras, gasísticas y del carbón supieron, gracias a sus propios científicos, que la quema de combustibles fósiles conduciría al colapso climático. En lugar de alertar al mundo o transicionar sus modelos de negocio, invirtieron miles de millones de dólares en la mayor y más exitosa campaña de desinformación e influencia política de la historia humana.
Pero el verdadero triunfo del capital fósil no fue simplemente sembrar dudas sobre la ciencia; fue infiltrarse en los pasillos del poder político. A través de donaciones de campaña masivas, la puerta giratoria entre ministerios y consejos de administración, y ejércitos de cabilderos en Bruselas y Washington, la industria fósil logró algo mucho más insidioso que la negación abierta: logró institucionalizar el retraso. Las políticas que podrían haber evitado la catástrofe en los años 90 fueron diluidas, postergadas o vetadas mediante enmiendas redactadas literalmente por abogados corporativos y presentadas por políticos a sueldo.
El Estado moderno, en lugar de regular a los monopolios que destruyen la biosfera, se convirtió en su principal garante. Incluso hoy, frente a la evidencia apocalíptica de sequías, megaincendios y océanos hirvientes, los gobiernos mundiales continúan subsidiando directa e indirectamente a la industria de los combustibles fósiles con billones de dólares de dinero público cada año. Es un sistema donde las ganancias se privatizan celosamente, pero el colapso planetario se socializa de manera obligatoria.
El simulacro de las Cumbres Climáticas (COP)
El reflejo más claro de esta impotencia democrática son las Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas. Lo que debería ser el foro político supremo para la supervivencia de la especie humana ha degenerado en una feria comercial de lavado de imagen corporativo (greenwashing). Las delegaciones que representan a la industria de los combustibles fósiles suelen ser más numerosas que las delegaciones conjuntas de los países más vulnerables al clima.
En estos foros, se debate sobre la “reducción gradual” (phase-down) en lugar de la eliminación (phase-out) de los combustibles, se promueven tecnologías de captura de carbono no probadas que sirven de coartada para seguir perforando, y se diseñan mercados de emisiones que permiten a los mayores contaminadores comprar indulgencias ambientales. El fracaso de la política climática global no se debe a una falta de conocimiento técnico o incapacidad humana; es el resultado directo y exitoso de un diseño político orientado a proteger la acumulación de capital por encima del mantenimiento de las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra.
Recuperar la soberanía frente al capital
Enfrentar la crisis ecológica requiere, ineludiblemente, una confrontación política profunda. No podemos legislar nuestra salida del colapso climático mientras quienes se benefician de dicho colapso tengan el control del bolígrafo legislativo. Es necesario desmantelar la arquitectura del lobby corporativo: prohibir la financiación privada de las campañas electorales, establecer barreras impenetrables entre la función pública y los intereses privados, y expulsar a los representantes de las corporaciones fósiles de las negociaciones climáticas internacionales.
Más allá de las reformas electorales, necesitamos recuperar una concepción robusta del Estado público, capaz de intervenir, planificar y expropiar cuando el capital ponga en riesgo la supervivencia colectiva. La transición ecológica no será el resultado de la benevolencia del libre mercado; será el producto de una democratización radical de la economía o no será.
