El invierno llega a Europa, y con él, el recordatorio anual de que el frío es una cuestión de clase. Mientras los discursos oficiales celebran los avances hacia una economía libre de emisiones, millones de familias trabajadoras se enfrentan a un dilema inhumano: encender la calefacción o pagar el alquiler. La pobreza energética no es un fenómeno meteorológico ni una simple consecuencia de la inflación transitoria; es el resultado estructural de haber entregado un bien básico y necesario para el sostenimiento de la vida —la energía— al mercado especulativo y al control de oligopolios corporativos.
Las políticas climáticas actuales, fuertemente influenciadas por los lobbies energéticos, tienden a cargar el coste de la transición sobre las espaldas de la clase trabajadora. Instrumentos como los impuestos al carbono o los recargos en las facturas de la luz actúan, en la práctica, como impuestos regresivos. Afectan desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos, que habitan en viviendas mal aisladas —los llamados “sumideros térmicos”— y dependen de vehículos contaminantes porque han sido expulsados a las periferias sin redes de transporte público adecuado. Mientras a estas familias se las penaliza económicamente en nombre de la ecología, las grandes corporaciones energéticas (que han basado su imperio histórico en la quema de combustibles fósiles) reciben subvenciones millonarias para su “reestructuración verde” y anuncian beneficios históricos.
Abordar la crisis climática sin abordar la desigualdad económica es una receta para el ecofascismo y la fractura social. Es imposible exigir sacrificios a poblaciones precarizadas cuando perciben, con total razón, que los arquitectos del colapso climático no están asumiendo el coste. Una transición climática justa exige desmercantilizar la energía, reconociéndola como un derecho humano garantizado mediante el control público y comunitario, y no como un activo financiero. Requiere financiar masivamente la rehabilitación energética de los barrios obreros con impuestos a los grandes patrimonios y a los beneficios caídos del cielo de las energéticas. La verdadera justicia climática empieza por asegurar que nadie tenga que tiritar en su casa mientras los dividendos del sector energético calientan las carteras de Wall Street.
